El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, criticó la resolución con la cual ese organismo prohibió actos de campaña electoral en los actuales momentos.

“A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe, ya que la libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de expresión e información es competencia exclusiva del legislador”, expresó el exfuncionario en un comunicado.

Dijo que “el Pleno de la JCE intentó actuar con las mejores de las intenciones, pero fue sorprendido en su buena fe”.

A continuación el texto íntegro:

“Ha sido una preocupación permanente de toda la sociedad Dominicana, limitar en el tiempo ,los espacios en los cuales los partidos políticos, los políticos organizados y los ciudadanos, desarrollan las actividades de carácter político electoral.

Precisamente uno de los aspectos que dio lugar a la reforma constitucional del año 2010 fue la simplificación y unificación de las elecciones en un solo año, aunque con una diferencia de tres meses entre una elección y otra.

Imbuidos de buenas intenciones en el año 2007, en el ánimo de resolver esta molestosa situación, la Cámara Administrativa de la JCE, cuando estaba dividida en dos cámaras y un pleno, sometió al debate en audiencias públicas, un proyecto de Reglamento que pretendió aplicar la disposición constitucional de ese momento, que en su artículo 92 le otorgaba a la JCE “…facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”.

La iniciativa en cuestión fue rechazada abrumadoramente por los partidos políticos y por las organizaciones de la sociedad civil; en efecto, al salón de sesiones de la institución comparecieron para oponerse el Dr. Rafael Molina Morillo, en nombre de la Sociedad de Diarios, el Lic. Servio Tulio Castaños de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, el Dr. Virgilio Bello Rosa por el PRD, entre otras personalidades y líderes políticos; en el Pleno de la JCE, el reglamento fue sometido a “paso de procesión”, y solo contó con la defensa entusiasta de la magistrada Aura Celeste Fernández y de los tres miembros de la Cámara Administrativa.

Posteriormente en los años 2012,2014 y 2016, se sometieron al pleno varios proyectos con esos mismos propósitos, en cada una de estas ocasiones, la decisión del pleno de ese momento se pronunció en el sentido siguiente:

Primero: Que en la reforma constitucional del 2010, se introdujo un capítulo, específicamente el III, en el que se definieron “Los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales”, que en su artículo 74 consigna que “Solo por ley, en los casos permitidos por esta constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”; por lo que reglamentar estos derechos, tales como la libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de expresión e información, al tenor del citado artículo, es competencia exclusiva del legislador, quien puede regular el ejercicio de los mismos. Si cualquier institución Estatal se abroga ese derecho, estaría desbordando los límites de su competencia e invadiendo la competencia legislativa, no importa cuán sanas y justas sean las causas o motivaciones.

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el doctor Julio César Castaños Guzmán, resaltó que de convertirse en ley el Proyecto de Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, con la modalidad de primarias abiertas y simultáneas, el costo de las elecciones internas de los partidos ascendería a unos RD$ 5,628 millones.

Al disertar como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, declaró que ese monto fue establecido en un “presupuesto provisional estimado elaborado por la Dirección General de Elecciones del organismo”.

El presidente de la Junta Central Electoral -JCE-, Julio César Castaños Guzmán, expresó este jueves su disposición a reunirse con las autoridades de Conani “para coordinar los pasos tendentes a resolver la situación de los menores que judicialmente han sido declarados en abandono, por carecer de padres conocidos y no tener apellidos”.

Una evaluación realizada por la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE) determinó que no están aptos para ser usados en procesos futuros los equipos para la automatización del registro de concurrentes y conteo de votos utilizados en las pasadas elecciones.