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El Ministerio Público de República Dominicana solicitó este martes en una audiencia enviar a juicio a siete implicados en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país, tras culminar la etapa de presentación de pruebas.

Una vez que el Ministerio Público terminó de exponer las pruebas, los imputados, entre ellos un legislador, tres exsenadores y un exministro, disponen de cinco días para presentar su defensa, según lo establecido por el juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco.

Los imputados son el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición).


El juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, reanudará este miércoles la audiencia preliminar que se sigue a los implicados en el soborno de US$92 millones pagados por la constructora Odebrecht para lograr la asignación de obras del Estado.

El proceso judicial iniciará con la presentación de la acusación del Ministerio Público contra de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Jesús Vásquez y el senador Tommy Galán, acusados de recibir sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, restringió la entrada de los ayudantes de los abogados del caso de los sobornos otorgados por la multinacional Odebrecht, a la sala lo que provocó la queja de estos, quienes se negaban a dejar su equipo fuera.

Ortega tomó la decisión con los alegatos de que la sala es muy pequeña, por lo que causó descontento con los abogados de la defensa, hasta el momento solo pueden estar presentes los abogados, fiscales y los imputados, mientras que la entrada a los periodistas es normal.

A diferencias de otras audiencias, no se han presentado grupos protestantes en las afueras del lugar, solo se pueden observar agentes de la policía cuidando el perímetro.

La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por orden del juez peruano Richard Concepción Carhuancho, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú.

Imágenes del Canal N de televisión mostraron cómo Keiko fue detenida tras acudir al tribunal para ser interrogada en el marco de una investigación por presunto lavado de activos junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, quien no fue arrestado.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la fiscalía y ordenó una “detención preliminar” durante diez días junto a otras 19 personas, entre ellas los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya y presuntos intermediarios en aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Keiko.

Se espera que el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, dé a conocer hoy su decisión sobre los últimos incidentes planteados por los siete encartados en el caso Odebrecht, que incluyen el pedimento para que anule la acusación del Ministerio Público, y su propia declinatoria de incompetencia para ventilar el proceso.
El juez dejaría cerrada esa fase del proceso para dar paso a que el Ministerio Público presente la acusación y las pruebas con las que cuenta para llevar a juicio de fondo a los imputados de haberse beneficiado con los US$92 millones en sobornos pagados por el consorcio brasileño en el país, para la obtención de 16 contratos de obras públicas.

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco reanudó la audiencia preliminar del caso Odebrecht la tarde de este miércoles.

Como quedó establecido en la audiencia anterior, el Ministerio Público ha comenzado a responder los incidentes planteados por los abogados de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez y Jesús -Chú- Vásquez Martínez.

Los abogados piden la nulidad de la acusación por prescripción de algunos delitos así como presuntos vicios y arbitrariedades de la Procuraduría General de la República durante la investigación.

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